El drama de alquilar: “Hay un círculo vicioso de especulación inmobiliaria, violencia habitacional y falta de respeto a los que no tenemos casa”

En julio de 2020 se aprobó la Ley de Alquileres, una normativa que buscaba regular los derechos y obligaciones de inquilinos y propietarios. En ese marco, se establecieron cambios notables que buscaban sobre todo regular y brindar garantías a los sectores involucrados. En marcos generales, presenta dos cambios importantes, como extender la duración de los contratos de dos a tres años y una sola actualización anual del valor del alquiler de acuerdo a un índice que combina la evolución de los salarios y la inflación.

Aún así, a tres años de su creación, hay una gran incertidumbre sobre su funcionamiento, más allá de que sus intenciones sean positivas. Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut y Psicóloga Social, conversó con Crónica sobre la problemática habitacional de los alquileres y la Ley de Alquileres. En principio, al hablar sobre las situaciones que atraviesan las personas que deben alquilar una casa para vivir, Demes mencionó: “Hablamos de violencia habitacional, no sólo desde el Estado, sino que se da fuertemente en esta relación de poder con propietarios e inmobiliarias”, especificó.

Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es, una entidad creada en 2020 en Chubut que busca defender los derechos de las familias que deben alquilar para tener un techo para vivir.

Y agregó: “Los propietarios e inmobiliarias están acostumbrados a que nadie controla, absolutamente nadie, incluso hay un montón de puntos que en la ley no se incluyeron cómo la renovación de los contratos de alquiler, que realmente es tierra de nadie. Este es el problema del último tiempo: por el precio del alquiler puedo acceder a una casa que estructuralmente la tendrían que demoler, por ejemplo, pero vivo ahí porque no puedo pagar más, porque mi sueldo no me da para más. Si yo alquilo otra casa en mejores condiciones, en otro barrio, dejaría de comer”, sentenció.

Respecto a la ley de alquileres, afirmó: “Nos garantiza un derecho; que después sea letra muerta porque nadie la quiere cumplir, es otra cosa. Esta ley baja el derecho internacional e incluso plasma el derecho que está asentado en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis que refiere a una vivienda digna, los plantea de una forma acorde a las condiciones actuales”, destacó.

Dificultades para encontrar alquileres acordes a los sueldos

Teniendo en cuenta lo que vive una familia que alquila, Demes se refirió a la situación económica. “Si juego con los distintos tipos de hogares que presenta el INDEC, le resto la canasta básica total y le resto el alquiler, no te da el número, están todos en rojo. Entonces lo que pasa es que la gente deja de comer, deja de tener servicios de calidad, deja de atenderse, ya no se habla de ahorro, no hay ahorro cuando alquilas. Encima de esto se te rompe algo el propietario o la inmobiliaria que no se quieren hacer cargo y vos tenes que resolver”, manifestó.

“En derecho internacional, la ONU dice que para que una vivienda sea accesible, el inquilino tiene que pagar el 30% de sus ingresos nada más, si supera esto ya se estaría infringiendo ese derecho a poder vivir en una vivienda adecuada. Eso no existe en la realidad; en las últimas encuestas que hice en 2021 nos daba que la mayoría estaban invirtiendo el 60% de su sueldo. Ahora estamos todos en el 70% u 80% de nuestros ingresos”, remarcó Demes.

“En otros países tal sector de la ciudad la tierra tiene un valor, es algo que está pactado y después hay condiciones según si tiene ciertas prestaciones, si se brinda una mejor calidad de servicio”, dijo. En este sentido, sostuvo que en todo el país hay incoherencia en los precios y que no hay ningún control. “Los precios se inflan, pero no tiene relación con la vida de las personas reales que no tenemos casas. Hay un círculo vicioso de especulación inmobiliaria, violencia habitacional y falta de respeto a los derechos humanos de las personas que no tenemos casa”, sentenció.

Reclaman por mayor intervención estatal

Asimismo, Demes también se refirió al rol que ocupa el Estado en esta problemática y manifestó que se han implementado medidas para favorecer a sectores como la construcción, pero no para quienes son los más afectados que son los trabajadores. “A partir del gobierno de (Mauricio) Macri se implementa un DNU para que la construcción dé trabajo y se les ocurre que las grandes empresas constructoras evadieran impuestos al ingresar dólares a la Argentina, sin explicar de dónde salieron ni cómo los obtuvieron, para invertirlos en construcción. A mí nunca me dijeron ‘Vos sos inquilina, no vas a pagar impuestos’; este es un ejemplo de la relación de poder totalmente desequilibrada. El Estado no está jugando para nosotros, no está gobernando para la gente que no tiene casa”, expresó la referente.

Haciendo énfasis en la problemática, detalló que no sólo afecta en el aspecto económico, sino que también tiene consecuencias graves en lo psicológico, emocional y social. “En una reunión escuchaba a una señora muy humilde que contaba que su hija se cansó de alquilar, se tomó un terreno hace varios años atrás y desde que lo tomó, ella sola con su hijita, vivía en una casa de chapas y cartones, y que toda su vida transcurre arriba de una cama de dos plazas, eso me marcó porque el Estado está permitiendo estas cosas”.

Entre las propuestas que surgen, mencionan una iniciativa que se ha dado en otras provincias como en Río Negro, La Pampa y CABA, que plantea que son los propietarios los que deben afrontar el pago de las comisiones inmobiliarias, ya que son quienes solicitan el servicio.

“Somos personas en situación de calle pero que tenemos la posibilidad de alquilar
a partir de devengar de nuestros sueldos”

Pamela Demes, referente del Sindicato de Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut, dialogó con Crónica sobre esta entidad que nació en paralelo a la Ley de Alquileres, como una forma de brindar acompañamiento y asesoramiento a un gran sector de la población que no tiene posibilidad de acceder a la casa propia, quedando expuesto a tener que alquilar para poder tener un techo para vivir.

Surgió en 2022, principalmente conformada por mujeres. Demes cuenta que se suma a la misma por las situaciones que ella misma vivía como inquilina: “Llamaba a las inmobiliarias y a particulares, a abogados que hacen contratos de locación de vivienda, y me discriminaban primero porque era empleada estatal y porque tengo hijos; pensaba que era algo muy injusto, y cuando conocí a Rebeca (Anccina, secretaria general del sindicato) me sumé a las actividades”, recordó.

Actualmente el Sindicato Inquilinas/os Trabajadoras/es de Chubut trabaja en red con la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria, que agrupa a organizaciones del país que abordan la problemática del derecho a la vivienda. También con instituciones internacionales como el Sindicato de Inquilinos de España.

“Se nos complica mucho agrupar a la gente. Hay una cuestión social que uno cierra la puerta de su casa, porque uno quiere estar resguardado, ya hay muchos problemas para resolver afuera: la inflación, la seguridad, el no saber si te quedas sin laburo, si cobras o no, tantas cosas. La gente resuelve su problema habitacional legal y se terminó; que está bien, porque no tendríamos que estar pasando por estas violencias habitacionales; pero la realidad es que el cuerpo del sindicato termina siendo bastante reducido”, comentó.

Entre las tareas que realizan se enfocan fuertemente en el acompañamiento y asesoramiento a quienes atraviesan situaciones problemáticas al momento de alquilar. En ese sentido, comentó que las participantes del sindicato han conformado un servicio para responder a esta demanda: “Intentamos dar un servicio que no existe. Nosotros no somos consumidores, somos personas sin vivienda, o sea somos personas en situación de calle pero que tenemos la posibilidad de alquilar a partir de devengar de nuestros sueldos, ahora hasta el 70% del sueldo con los valores que se están dando”, destacó.

Y por último, comentó: “Se generó un protocolo que se denominó SARA, el Servicio de Acompañamiento de las Relaciones de Alquiler, que presentamos ante Nación para que se considere cuando se habla del acompañamiento legal ante las situaciones de relaciones de alquiler. Sería una forma de sacarnos de la figura de Defensa del Consumidor, porque no no consumimos viviendas, somos personas que no no tenemos casa, no es un artículo de consumo, es una necesidad. Nosotros hemos asesorado incluso a inquilinos que no saben cómo funciona la ley. Es tierra de nadie, el Estado no controla”, cerró la referente.

En agosto, Diputados discutirá en sesión especial la Ley de Alquileres

Desde el sector opositor del Congreso, buscan poner en jaque la Ley de Alquileres. El miércoles último, el legislador macrista Hernán Lombardi, pidió discutir la ley de alquileres y su derogación. Lograron acuerdos para discutirlo el 23 de agosto, luego de las PASO.

Por su parte, el oficialismo continúa defendiendo la normativa, al igual que las organizaciones que defienden los derechos de las personas inquilinas. Los diputados del Frente de Todos sostienen que se debe mejorar la ley actual, dado que la misma es necesaria para brindar una base de derechos hacia quienes no tienen posibilidad de acceder a una casa propia. A pesar de las consideraciones que deban hacerse, manifiestan que derogar la ley es dejar la problemática sin ningún marco regulatorio.

En ese contexto, por un lado la oposición propone volver a la reglamentación previa a la ley, regulada por el Código Civil y Comercial, haciendo que los contratos vuelvan a tener ajustes acordados entre las partes y una actualización fija que puede darse cada cierto tiempo estipulado, que puede ir de tres meses a un año. Frente a esto, el oficialismo plantea que la ley debe ser modificada, considerando cuestiones varias como la promoción de incentivos fiscales, reducción en el pago de bienes personales o la creación de una Cámara Nacional de Alquileres, un ente autárquico que desarrolle la gestión de alquileres.

Mientras tanto, las organizaciones de personas inquilinas sostienen que sería inconstitucional la derogación y que la Ley es necesaria para cumplir con las normativas estipuladas desde el derecho internacional, garantizando el acceso al derecho a la vivienda.