En Mendoza no quieren reconocer a las comunidades mapuches como argentinas: “Es un acto de odio y racismo contra el pueblo mapuche”, dijo Oliva Cortez

La legislatura mendocina aprobó una iniciativa que busca declarar que las comunidades mapuches no son pueblos originarios argentinos. Si bien es un proyecto que no fue tratado como una ley, presenta un precedente. El mismo fue presentado por Gustavo Cairo, presidente del Bloque de Diputados del Pro en Mendoza, que es parte del oficialismo provincial liderado por Rodolfo Suarez, radical del Frente Cambia Mendoza, la línea mendocina de Juntos por el Cambio.

También fue apoyado por Omar De Marchi, diputado nacional de Mendoza por el Pro, con quien presentó una denuncia hacia el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) por el DNU 850 que plantea la prórroga de la Ley 26.160, una norma que establece la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país.

En dicha iniciativa expresan que la misma no puede continuar ya que, según los diputados, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas “se encuentra viciado de nulidad y fue dictado en contra de la división de poderes”. Asimismo, reclaman la participación de representantes del gobierno de Mendoza y de “terceros con intereses legítimos” en los procedimientos realizados por el INAI para asignar la propiedad de diversos territorios de la provincia a las comunidades mapuches. En ese marco, también afirmaron “que los mapuches no deben ser considerados pueblos originarios argentinos en los términos del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales”.

Oliva Cortez, abogada y miembro de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes.

Repudio desde las organizaciones

Oliva Cortez, abogada y miembro de la Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes, manifestó su opinión y el posicionamiento de las comunidades frente a esta situación que preocupa a quienes se ven afectados directamente. “No solo repudiamos el dictamen de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza, sino que también nos manifestamos denunciando la declaración, porque niegan la existencia y preexistencia del pueblo mapuche que esa negación va en contra de la Constitución Nacional como de los Tratados Internacionales a los que el estado argentino ha adherido y ha jerarquizado”, explicó Cortez.

Además, considerando que la iniciativa mencionaba que se sustenta en “bases científicas, históricas y antropológicas”, la abogada sostuvo que “el dictamen está amparado en doctrinas falsas y científicamente incorrectas, esa es la forma de legitimar un dictamen que resulta ser un acto de odio y racismo contra el pueblo mapuche. También denota una gravedad institucional inusitada y un retroceso en lo que es materia de derechos humanos”.

Y en relación a eso, se refirió al principio de progresividad, un concepto del Derecho. “Si ya tenemos una Constitución que nos garantiza una base, no podemos ir nunca para atrás. Además de que se trata de una norma emanada de un órgano legislativo provincial, que nunca puede estar por encima de una ley nacional y nunca puede estar por encima de la Constitución”, destacó Cortez.

Denuncian que los legisladores tienen intereses particulares en esas tierras

Los legisladores que han presentado este proyecto, se oponen a la Ley N° 26.160 que se encuentra en vigencia desde el 2006 y que plantea una declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país. Al respecto de esta normativa, Cortez explicó: “Se va renovando según las contemplaciones de las comunidades, para ello se considera un relevamiento jurídico y técnico de todas las comunidades indígenas del país. De ahí surge que a aquellas comunidades que ocupan tradicionalmente un pedazo de tierra, se busca garantizarles el título de propiedad comunitaria indígena”, dijo.

“Hay dos holdings, dos conjuntos de empresas, que están interesadas en unas tierras en Mendoza, porque el INAI le ha dado personería jurídica y le ha reconocido la ocupación tradicional a tres comunidades de la zona”, explicó Cortez, quien adhirió que estos territorios son factibles para producción vinícola por lo que estas empresas privadas se ven interesadas. Y agregó: “Muchos de quienes legislaron a favor de esta declaración, también tienen intereses en esos holdings que están constituidos por varias empresas mendocinas y manejadas por capitales extranjeros”, comentó la abogada.

Finalmente, Olivia Cortez se refirió a la imagen despectiva que se ha potenciado sobre los pueblos originarios, especialmente hacia los mapuches. “Chubut, Río Negro, Neuquén, son provincias en las que se ha creado esta imagen del enemigo interno del mapuche. Es algo que también tomaron en Mendoza, cuestionando a los mapuches y diciendo que son pseudos mapuches o mapuches truchos”, respecto a esto cuestionó: “¿Cómo una persona que no participa dentro de una comunidad, que es ajeno a la cultura mapuche o mapuche-tehuelche puede venir a decir quién es y quién no es mapuche? Decidir quién es indígena y quién no, o cuestionar qué identidad tiene cada uno, eso es hablar desde un espacio de superioridad y desde un pensamiento colonialista”, concluyó.