Liberaron a la pareja del petrolero asesinado en Navidad pero la imputaron por el crimen

Ayer alrededor de las 10:30 se llevó adelante la audiencia de control de detención de Verónica Britez (34) en relación al homicidio agravado de su pareja, Pablo Santander (41) quien fue apuñalado en el cuello la madrugada del 25 de diciembre y a raíz de la herida perdió la vida.

El acto estuvo presidido por la jueza penal Daniela Arcuri; por el Ministerio Público Fiscal estuvieron presentes Cristian Olazábal, fiscal general y Cristian Ovalle, funcionario; mientras que la defensa de la mujer fue representada por las defensoras públicas Lucía Pettinari y María de los Ángeles Garro.

En primera instancia, Ovalle hizo referencia al hecho ocurrido el día sábado 25 de diciembre siendo aproximadamente las 4 de la madrugada cuando Pablo Alberto Santander, trabajador petrolero y miembro de la comisión directiva del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, estaba en su domicilio ubicado en calle Larroude 2.750 del barrio Pueyrredón, junto a su pareja Britez y la hija de ella de 9 años de edad y luego de una discusión y forcejeo la mujer tomó un cuchillo con el cual lesionó en el lateral izquierdo del cuello al hombre, quedando tendido en el suelo en la parte de la cocina.

Ante ello la mujer se comunicó solicitando asistencia indicando que rompió una botella y que el hombre se había cortado, en medio de un intento de suicidio.

Al llegar personal policial encontraron en el exterior a una menor haciendo señas y gritando, y al acceder a los pasillos y escaleras que daban al domicilio encontraron al hombre con gran cantidad de manchas hemáticas, de manera que en principio procedieron a la demora de la mujer y posteriormente a su detención.

Por su parte, Olazábal señaló que se investiga la figura más gravosa pero pueden existir otras hipótesis como la de defensa propia, así, relató que la víctima no tenía otras lesiones en el cuerpo y encontraron impresiones de la planta de los pies de los tres presentes que estaban descalzos, descartando la participación de una cuarta persona. Asimismo, se halló un cuchillo con sangre que habría sido el arma homicida y en la mano derecha el sujeto tenía un mechón de cabello que coincide con las características de la imputada.

A partir de lo ocurrido, Olazábal planteó que se entrevistó a varias personas, siendo el dueño del alquiler quien sostuvo que la relación estaba deteriorada producto de las conductas agresivas de la víctima hacia la imputada, de manera que habían decidido poner fin a la relación y abandonarían en enero el inmueble que alquilaban.

Una vecina, también planteó que los había escuchado discutir fuertemente, mientras que una hermana de la víctima sostuvo que a la medianoche de aquella jornada habían recibido una videollamada donde se advertía por cómo hablaban que habían consumido alcohol, y remarcó que la testigo afirmó que su hermano tenía problemas con el consumo de alcohol y que le costaba terminar relaciones tornándose agresivo; siendo la imputada la única persona que se ocupó de su salud e incluso lo había llevado a Alcohólicos Anónimos.

Una amiga de la imputada, también mencionó que a las 4:35 la mujer llamó a su marido indicando que Pablo se había matado e informó a la Justicia que hace unos diez meses estaban juntos pero la relación se tornaba cada vez más agresiva, que no solían invitarlos a encuentros porque él comenzaba a celarla, a tal punto que no podían salir porque incluso la celaba con los mozos. Además la imputada había instalado una aplicación para que los mensajes fueran eliminados dado que la víctima le revisaba el teléfono, refirió la fiscalía.

Un mensaje: el detonante

Desde la fiscalía apuntaron que la imputada había recibido un mensaje de un amigo saludándola por Navidad, y eso había sido el detonante de una discusión que terminó de la peor manera.

De manera que determinaron en este caso, avanzar sobre la investigación con perspectiva de género teniendo en cuenta la violencia a la que era sometida la imputada por parte de la víctima; “hay un escenario de violencia de género muy marcado” señalaron, y si bien no existían denuncias penales, la violencia no solo fue indicada por amigos de la mujer sino también por la propia familia de la víctima.

Sostuvieron que decidió suspender un viaje a San Juan para no terminar la relación y que la amenazaba con matarse o mandarla a matar por gente del sindicato; no obstante se presupone que el arma homicida fue la secuestrada y no se trató de un suicidio, desde Criminalística indicaron que la herida no es compatible con una autolesión.

Así solicitaron que sea declarada legal la detención y la apertura de investigación por homicidio agravado por ser cometido contra una persona con la que se mantiene una relación de pareja, un plazo de investigación de seis meses y decidieron no solicitar la prisión preventiva, sino presentaciones cada quince días en la oficina judicial y teniendo en cuenta que es de Buenos Aires, en caso de querer viajar hacerlo con autorización judicial previa.

Por su parte, la defensa no formuló objeciones y celebró que se tome el caso con perspectiva de género y denunciaron que mientras estuvo detenida no le permitían higienizarse, estando enmarcado en un caso de violencia institucional.

Finalmente, la jueza señaló que se trataba de un hecho penoso y también felicitó el trabajo de fiscalía por tomarlo con perspectiva de género ante la posibilidad de tratarse de un hecho en legítima defensa, pues quedaba claro que existía violencia física y psicológica desde el comienzo.

Sostuvo que no existen los peligros procesales de fuga y entorpecimiento, haciendo lugar a todas las peticiones de la fiscalía siendo puesta en libertad la imputada.