Superior Tribunal de Justicia: Corre plazo para formular observaciones a los postulantes del Gobierno

Finalmente, el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial los antecedentes de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos, a quienes propone para ocupar los cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia.

Este es uno de los requisitos que por ley que debía cumplimentar el Gobierno antes de elevar a la Legislatura para su tratamiento la lista de los candidatos propuestos. Justamente por esa “desprolijidad”, según plantearon algunos críticos, desde la Cámara de Diputados se devolvieron los pliegos para que cumplimenten los procedimientos correspondientes.

Y esa corrección fue concretada de inmediato por el Gobierno provincial que realizó la publicación en el Boletín Oficial de los antecedentes de los candidatos que propone para el STJ. Las publicaciones se efectuaron los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25.

Esto significa que a partir del 25 comenzó a correr el plazo de 15 días para la formulación de observaciones a dichas postulaciones, que deberán ser presentadas ante el Ministerio de Gobierno y Justicia.

Evidentemente, esto indica que el Gobierno está decidido a avanzar con esta iniciativa. La intención es que los pliegos lleguen a la Legislatura para que los diputados le den tratamiento y, según espera el Gobierno, avalen a los postulantes.

Cuestionamientos

Como podrá recordarse, hace unos diez días cuando se conoció la propuesta oficial de candidatos para ocupar cargos vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, fueron innumerables las voces que se alzaron cuestionando esa iniciativa. Desde distintos colegios de abogados de la provincia, incluso desde un sector del Gobierno nacional, observaron la falta de cumplimiento de los pasos legales que debían darse antes de elevar los pliegos de los candidatos a la Legislatura.

El coordinador de la Región Patagonia del Centro de Acceso a la Justicia, del Ministerio de Justicia de la Nación, Eduardo Hualpa fue uno de los que advirtió que el gobernador se salteó “pasos fundamentales y legalmente necesarios para poder realizar esta propuesta” establecidos en la ley V-152 sancionada en el año 2016, donde menciona que “la idoneidad, la transparencia y la participación ciudadana son la clave de esta reglamentación”.

Cumplido este requisito, Hualpa explicó que dentro de los quince días -a partir del 25 de agosto pasado- “los ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos” podrán presentar ante el Ministerio de Gobierno “por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones, y circunstancias que consideren de interés expresar en relación de los incluidos en el proceso de preselección”. Recién después el Ejecutivo decidirá si elevar o no la propuesta a la Legislatura.

Luego el abogado explicó que “se prevé una audiencia en la que las personas que hayan superado todo este procedimiento basado en la transparencia y la participación ciudadana respondan preguntas y consultas de la Legislatura”.

Además de cuestiones de procedimientos y formalidades, también hubo cuestionamientos en relación a los antecedentes de algunos de los candidatos propuestos para el máximo órgano de justicia del Chubut.

Otras cuestiones

El tema también tuvo otras repercusiones, si se quiere en el marco de especulaciones políticas y que por ello se carecería de comprobaciones oficiales, más allá de hechos concretos que podrían avalar esas argumentaciones. Por ejemplo, se ha hablado de cierto acuerdo entre el Gobierno y el radicalismo. Esto es de difícil comprobación, pero lo que sí está a la vista es la actitud que han tenido los dos diputados radicales que acompañaron al oficialismo en los últimos temas aprobados en la Legislatura, entre ellos el rechazo del proyecto por la paridad de género en el Superior Tribunal de Justicia.