“El decreto del Gobierno no reúne las condiciones mínimas que establece la Constitución”, dijo Cabral

Adrián Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut, se refirió en diálogo con Crónica a la decisión tomada por el Ejecutivo provincial de suspender las sentencias que beneficiaban a empleados del Poder Judicial que reclamaban por sus salarios. La justicia falló a favor de los empleados, pero el gobierno, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, suspendió estas medidas. El decreto fue oficializado el 29 de marzo.



“En principio, nosotros rechazamos la decisión del Poder Ejecutivo de suspender los efectos de las sentencias judiciales. Estas sentencias fueron pronunciadas en el marco de acciones iniciadas por trabajadores del Estado, tanto jubilados como activos, por la falta de pago de salarios. Nosotros consideramos que este decreto, dictado el 29 de marzo, no reúne las condiciones mínimas que la Constitución exige para que el Poder Ejecutivo pueda arrogarse facultades legislativas” señaló Adrián Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut.

En esta línea, Cabral planteó que todavía queda pendiente el análisis que hará la Legislatura respecto al DNU que firmó el Gobierno el pasado 29 de marzo. “Todavía el Poder Legislativo debe analizar la existencia de un verdadero estado de necesidad y urgencia, a los fines de que pueda ser ratificado. Nosotros consideramos que esta crisis económica y financiera que sufre la provincia desde hace años es producto de una ineficiente administración de los recursos del Estado.

Esto no configura el presupuesto fáctico para el dictado de una ley de emergencia económica para justificar esta suspensión de pago de salarios y jubilaciones, ya que éstas tienen una naturaleza de carácter alimentario. No podemos decir que este decreto cumple con los requisitos mínimos que establece la Constitución a los fines de su dictado”, sostuvo el abogado.

“Nosotros como asociación no hemos efectuado ningún reclamo, los amparos son individuales y fueron efectuados por trabajadores del Estado ante la falta de pago de sus haberes. Lo que queda ahora es la ratificación o no por parte del Poder Legislativo. En el caso de que lo ratifiquen, cada persona tendrá a su disposición las acciones judiciales pertinentes, a los fines de poder declarar o no la inconstitucionalidad de este decreto.

Esta fue una decisión sorpresiva, que fue dictada de un día para el otro, creo que nos sorprendió a todos. Desde nuestra asociación creemos que para salir de esta crisis económica, financiera y política es necesario establecer diálogo entre todos los poderes del Estado, y también que desde el Poder Ejecutivo elaboren un plan para poder superar esta crisis”, cerró Cabral.