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Viernes 21 Abril 12:03
Monsanto, culpable de cometer “ecocidio”
El “Tribunal Internacional Monsanto”, conformado por cinco prestigiosos jueces de diferentes países que analizaron el testimonio de más de 30 personas, concluyó tras un simulacro de juicio en La Haya que la empresa estadounidense de biotecnología es responsable de “ecocidio” y aunque su decisión no tiene implicancias penales, se espera que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales.

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“Si bien las conclusiones a las que arribamos no tienen un efecto vinculante, el valor de los Tribunales de Opinión, que es lo que fue el Tribunal Internacional Monsanto, fue históricamente muy importante porque pone en evidencia la problemática, genera una presión social muy relevante y la prueba que reúne puede servir para los procesos penales que la sociedad civil impulse en sus jurisdicciones”, dijo a Télam la jueza mendocina Eleonora Lamm, que integró la corte que dio a conocer su pronunciamiento.
 
El proceso contra la máxima productora mundial de herbicidas, impulsado por más de mil organizaciones de todo el mundo, se llevó a cabo entre el 15 y el 16 de octubre de 2016 en La Haya emulando los mecanismos de la Corte Penal Internacional que tiene sede en esa ciudad.
 
Durante esas jornadas, Lamm junto a su par senegalesa Dior Fall Sow (consultora de la Corte Penal Internacional), el mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México), el canadiense Steven Shrybman, y la belga Françoise Tulkens (exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) evaluaron pruebas y testimonios de investigadores, médicos, científicos y supuestas víctimas sobre las consecuencias del uso de los productos de Monsanto.
 
Consultada por Télam sobre la decisión del tribunal de opinión, la Comisión Directiva Global de Derechos Humanos de Monsanto expresó que “el evento fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados”.
 
La empresa afirmó que “se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado” y añadió que “en una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada”.
 
El Tribunal consideró a la empresa responsable de “ecocidio”, entendiendo esa figura como la de “causar daño severo o destruir el medioambiente para alterar de forma significativa y duradera los bienes comunes o servicios del ecosistema de los cuales ciertos grupos humanos dependen” e instó a Naciones Unidas a incorporarlo como delito penal al Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional de La Haya.
 
Además, concluyó que Monsanto estuvo involucrada en prácticas que impactaron de forma negativa en los derechos a un medioambiente sano, a la alimentación, la salud y la información, tomando como base tratados y leyes internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la Convención de los Derechos del Niño.
 
En referencia a la acusación de ser cómplice en crímenes de guerra por proveer “Agente Naranja” en la guerra de Vietnam, el pronunciamiento indicó que “debido al estado actual de la legislación y la ausencia de evidencia específica, este Tribunal no puede dar una respuesta definitiva”. 
 
Los Tribunales de Opinión fueron creados en la década del 60 e impulsados por los filósofos Bertrand Russell y Jean-Paul Sartre y buscaron una sanción, en principio ética, a los crímenes cometidos en Vietnam que no encontraban tribunales donde ser juzgados.
 
Con el tiempo, la relevancia de las “opiniones” vertidas fue tan influyente que ante la existencia de graves delitos internacionales se generaron decenas de este tipo de tribunales, como fue el caso de violación de los derechos humanos en Sri Lanka o de Desaparición Forzada en Colombia.
 
Los capítulos argentinos
 
Los expertos analizaron testimonios de investigadores que detectaron casos de malformaciones en Argentina y Francia causadas por el glifosato, enfermedades renales crónicas por la aplicación de Roundup en Sri Lanka y la suba de las tasas de cáncer en Brasil. 
 
También se mencionó la pérdida de diversidad y fertilidad de los suelos, la contaminación de las explotaciones agrícolas con transgénicos, y las deficiencias de salud de los cerdos alimentados con plantas modificadas genéticamente.
 
Se habló de la falta de información a las comunidades, fundamentalmente indígenas, en todo el mundo, la imposibilidad de obtener un buen rendimiento en los cultivos de algodón modificado genéticamente, los intentos de Monsanto de monopolizar el mercado de semillas, la fumigación aérea de glifosato en la guerra fallida contra las drogas y la contaminación con glifosato de las fuentes de agua en la Argentina, muy estudiada en el caso del río Paraná.
 
Otro tema que también se sintió de cerca en Argentina es la libertad indispensable para la investigación científica, una cuestión archiconocida por los ambientalistas en el país, a partir de las persecuciones que sufrió el fallecido médico Andrés Carrasco, luego de sus históricas investigaciones sobre los efectos del glifosato en animales vertebrados.
 
El antecedente que se establece
 
El argentino que participó del simulacro de juicio realizado en La Haya contra Monsanto, cuyas conclusiones encontraron culpable de cometer “ecocidio” a la empresa estadounidense de biotecnología, dijo ayer que el pronunciamiento “da una cuota de esperanza a quienes aguardan por una señal de justicia”.
 
“Si bien no significa que Monsanto tenga que pagar ahora, hay un dictamen integrado por jueces que muestran pruebas científicas del daño que ha generado, nos da herramientas para pensar que esto puede pasar también en tribunales oficiales”, afirmó a Télam Damián Verzeñassi, que brindó su testimonio en La Haya junto a otras 30 personas en las dos jornadas en que se desarrolló el simulacro en octubre. 
 
La conclusión del denominado Tribunal Internacional Monsanto fue que la firma cometió “ecocidios”, ya que causó “grandes daños en el medioambiente, valorando más los intereses corporativos que la vida misma”, sostuvo Verzeñassi, director de la Carrera de Medicina en la Universidad de Chaco Austral (Uncaus) y del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM-UNR).
 
Aunque la conclusión del tribunal no tiene implicancias penales, organizaciones de la sociedad civil que participaron del simulacro esperan que la prueba sanitaria y jurídica producida impulse procesos penales. 
 
El tribunal de opinión fue integrado por la jueza mendocina Eleonora Lahm; junto a su par senegalesa Dior Fall Sow; el juez mexicano Jorge Fernández Souza (Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de México); el canadiense Steven Shrybman; y la belga Françoise Tulkens (exjueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos). 
 
Verzeñassi consideró que el juicio “da un reconocimiento explicito de porqué el ecocidio debe ser incorporado como delito en la justicia internacional, y al mismo tiempo se debe modificar el estatuto para juzgar a las corporaciones por delitos de lesa humanidad”, y destacó que el trabajo del tribunal permitió desnudar “cómo han operado las corporaciones en convivencia con estados para cometer estos crímenes ambientales”.
 
Verzeñassi, oriundo de Rosario, también es miembro de la Asociación Latinoamericana de la Medicina Social (Alames).
 
La empresa se defiende
 
La multinacional salió al cruce de las acusaciones y advirtió que “el evento original fue organizado por un selecto grupo de críticos anti-tecnología en la agricultura y anti-Monsanto, que actuaron como organizadores, jueces y jurados”.
 
“Se negó la evidencia científica existente y los antecedentes jurídicos de varios temas; y fue organizado con un resultado ya predeterminado”, agregó Monsanto, que dijo estar comprometida a “un dialogo real con aquellos que están genuinamente interesados en la agricultura sustentable, los derechos humanos a la alimentación, a la salud y a un medio ambiente seguro”.
 
“En una época en la que el público está tratando de separar los hechos de la ficción, esta opinión no-judicial emitida recientemente podría ser malinterpretada. Creemos que los derechos humanos y la agricultura merecen un diálogo abierto y reflexivo”, indicó la multinacional.(Primera Edición)
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